Ciudad de México. 04 de octubre 2025.- El contrabando de combustibles en México, conocido como huachicol fiscal, ha generado un daño estimado de 600 mil millones de pesos al erario público, de acuerdo con información presentada por la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García.

La funcionaria detalló que, de esa cifra, 16 mil millones de pesos corresponden a denuncias formales ya presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que el resto se encuentra en procesos de investigación relacionados con operaciones irregulares en la importación de combustibles.

Según explicó Galeano García, el esquema fraudulento consiste en ingresar gasolinas simulando otros productos, como aceites o solventes, con el fin de evadir el pago de impuestos. Esta práctica, dijo, no solo afecta la recaudación federal, sino que está vinculada con estructuras de delincuencia organizada, lo que agrava el impacto económico y de seguridad en el país.

En su exposición, la procuradora advirtió que las investigaciones han revelado la participación de funcionarios y exfuncionarios públicos, sin precisar nombres ni dependencias específicas. No obstante, reconoció que algunos casos en curso han salpicado a integrantes de la Secretaría de Marina, en el marco de un reciente proceso judicial por presuntos actos de corrupción relacionados con el huachicol fiscal.

El fenómeno del contrabando de combustibles se suma al robo de hidrocarburos mediante tomas clandestinas, conocido como huachicol tradicional, lo que convierte al sector energético en uno de los más golpeados por prácticas ilícitas. Tan solo en lo que va del año, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y Petróleos Mexicanos (Pemex) han reportado pérdidas millonarias tanto en infraestructura como en recaudación.

Expertos en materia fiscal señalan que el combate al huachicol fiscal requiere fortalecer la supervisión aduanera y la coordinación interinstitucional, ya que los grupos criminales aprovechan vacíos legales y logísticos en la importación y distribución de combustibles.

La Procuraduría Fiscal aseguró que continuará aportando pruebas a la FGR para fincar responsabilidades penales, al tiempo que llamó al sector empresarial a cerrar filas contra las prácticas de contrabando, pues éstas generan competencia desleal y un grave daño a la economía nacional.