*Esto genera controversia; las autoridades estatales rechazan señalamientos

Ciudad de México. 03 jun 2026.- El presunto retiro de visas estadounidenses a gobernadores de distintas entidades del país ha generado una intensa discusión política en las últimas semanas. Mientras algunos medios reportan que las medidas estarían relacionadas con investigaciones sobre posibles vínculos con actividades del crimen organizado, los mandatarios involucrados han rechazado categóricamente dichas versiones y aseguran que sus documentos migratorios continúan vigentes.

Entre los casos más recientes se encuentran los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, quienes fueron señalados en diversos reportes periodísticos de haber sido objeto de una revocación de visado por parte del gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con las versiones difundidas, las acciones formarían parte de investigaciones relacionadas con presuntos nexos con organizaciones criminales y actividades vinculadas al narcotráfico y al robo de combustible. Sin embargo, los gobiernos estatales de Sonora y Tamaulipas desmintieron los señalamientos y calificaron como falsas las versiones que circulan sobre la supuesta cancelación de sus visas.

Ambos mandatarios sostuvieron que mantienen vigentes sus documentos migratorios y cuestionaron la difusión de información que, aseguran, carece de sustento oficial.

Pese a ello, algunos medios de comunicación, entre ellos el semanario Zeta, han informado que fuentes diplomáticas habrían confirmado la revocación de los documentos, situación que ha mantenido abierto el debate público. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también cuestionó la filtración de información relacionada con estos casos y pidió claridad respecto a las versiones difundidas.

El antecedente más reciente corresponde a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien confirmó que tanto ella como su esposo, Carlos Torres, recibieron una notificación por parte de autoridades consulares y del Departamento de Estado de Estados Unidos relacionada con el retiro de sus visas.

La mandataria bajacaliforniana señaló en su momento que la medida corresponde a un procedimiento administrativo y sostuvo que no existe ninguna acusación penal en su contra. Asimismo, afirmó que su gobierno continúa trabajando de manera coordinada con las autoridades de ambos países.

Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha emitido información pública detallada sobre los motivos específicos de cada caso, por lo que persisten versiones encontradas entre los reportes periodísticos y las posturas oficiales de los gobernadores involucrados.