Ciudad de México. 29 abr 2026.- El gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quedó en el centro de una tormenta política y judicial luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunciara una acusación formal en su contra por presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas, en un caso que sacude al poder público mexicano y reabre el debate sobre la infiltración del crimen organizado en las estructuras del actual gobierno.

De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Rocha Moya habría conspirado con integrantes del Cártel de Sinaloa para facilitar el envío de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia territorio estadounidense. En la misma causa penal fueron señalados otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

El señalamiento no es menor. Se trata de una acusación presentada por autoridades federales estadounidenses contra un gobernador en funciones, lo que coloca a México ante un escenario incómodo: responder institucionalmente o guardar silencio frente a una imputación de alto impacto internacional.

Rocha Moya rechazó las acusaciones y aseguró que carecen de sustento, calificándolas como un ataque político. Sin embargo, el desmentido no disipa la gravedad del caso, pues ahora el foco está puesto en las pruebas que sostenga la fiscalía estadounidense y en la reacción de las autoridades mexicanas.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló inicialmente no contar con información suficiente sobre el expediente, mientras desde la Secretaría de Relaciones Exteriores se cuestionó que no se hubieran entregado pruebas dentro de la solicitud correspondiente.

Más allá del terreno legal, el golpe político es severo. Sinaloa arrastra una larga crisis de violencia, disputas criminales y desconfianza ciudadana. Ahora, la figura del gobernador queda debilitada por señalamientos que trascienden fronteras y ponen bajo sospecha la limpieza del poder estatal.

El caso también exhibe una realidad incómoda: mientras los ciudadanos padecen inseguridad, desapariciones y extorsión, las élites políticas vuelven a ser vinculadas con redes criminales. Si las acusaciones prosperan, sería uno de los episodios más delicados en la relación bilateral México–Estados Unidos en materia de seguridad.

Por ahora, Rocha Moya niega todo. Pero la sombra de la duda ya cayó sobre su administración, y el costo político podría ser irreversible.